La Asamblea de Madrid ha derogado por unanimidad (PP incluido), la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles 5/2012, de 20 de diciembre. Una ley muy breve con tan solo nueve artículos, pero muy polémica porque desde su aprobación ha suscitado el rechazo de los madrileños.
Una ley hecha para favorecer únicamente los intereses particulares de unos pocos con apellidos tan ilustres como los condes de Güell, la familia Martos Aguirre o la familia Oriol, en perjuicio de la conservación del medio ambiente y del interés general.
Pero, ¿qué permitía exactamente la “LEY VIRUS”?
En concreto, permitía construir una vivienda de hasta 900 m2 en “suelo no urbanizable no sujeto a protección sectorial”, es decir, en suelo rustico sin especial protección ambiental, siempre que la parcela contase con una superficie mínima de seis hectáreas (60.000 m2), una superficie que no está al alcance de todos.
Aplicando estos parámetros, nos encontramos con la sorpresa de que la Ley Virus afectaba al 41% del territorio de la Comunidad de Madrid, es decir, que esta Ley permitía construir viviendas en 330.000 hectáreas de suelo, con tan solo una licencia municipal, sin valoraciones ambientales adicionales, y sin necesidad de una declaración de impacto ambiental, lo que provocó la indignación de los ecologistas, vecinos, partidos políticos…y en general, de todos los que se declaren defensores del medio natural.
Tres años después de su aprobación, nos encontramos que hasta la propia Presidenta de la Comunidad, la Sra Cifuentes, ha reconocido que “no existe una demanda social real para que continúe vigente esta ley”.
Y tres años después también se ha demostrado que estas viviendas rurales en realidad no eran tan “sostenibles” como se decía. Estas viviendas no tenían que cumplir ninguna pauta específica de eficiencia energética, ni tan siquiera se exigía presentar un proyecto de impacto ambiental para avalar su construcción. Y no lo tenían que cumplir, sencillamente porque la Ley Virus no lo exigía.
En definitiva, esta Ley merece su derogación porque al final se ha demostrado que no responde a ninguna necesidad real de los madrileños, no beneficia al medio ambiente, ni al medio rural, ni contribuye al uso sostenible del territorio, ni ha creado ningún empleo verde. Y por todo ello, hoy C’s ha defendido su derogación en la Asamblea de Madrid.
> Enrique Veloso es diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid