El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha anulado la declaración del exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria en el marco del caso Púnica, al reconocer que le imputó cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), informaron fuentes de su defensa.
El magistrado, que tenía previsto tomarle declaración este viernes, ha estimado oralmente las alegaciones presentadas por Victoria y ha anulado su comparecencia por falta de competencia de su juzgado en el momento de la citación, a la espera de volver a llamarle a declarar como imputado por delitos de corrupción.
En la declaración, que apenas ha durado unos minutos, las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez han solicitado que la anulación de la citación se ponga por escrito.
Victoria y la exconsejera de Educación Lucía Figar, también imputada en la causa, dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio, dos días después de conocerse su imputación en el procedimiento, en el que se investigan las adjudicaciones que sus respectivos departamentos realizaron al presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro.
FIGAR ASEGURA QUE NO FIRMÓ LOS CONTRATOS
La exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar ha afirmado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ella no firmó los contratos con el presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, pero estos fueron «absolutamente» legales, estuvieron fiscalizados por los interventores y obedecieron a servicios que fueron prestados.
Figar, que ha declarado durante una hora y 20 minutos, ha respondido a todas las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que le ha dejado en libertad sin medidas cautelares aunque mantiene su imputación por delitos de corrupción.
En su comparecencia, la exconsejera madrileña ha defendido que se trata de contratos legítimos que contaron con la supervisión de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente, y que ningún órgano puso la más mínima objeción o reparo de legalidad.
Figar no ha planteado ninguna cuestión procesal a su comparecencia puesto que su interés reside en facilitar la actividad del juzgado para resolver su situación en la mayor brevedad. Desde la Consejería de Educación, se ha remitido la documentación relacionada con esta investigación al juzgado y se continuará colaborando con lo requerido, según fuentes próximas a la exconsejera.