Podemos ha hecho público este martes su programa marco autonómico con el que concurrirá en las 13 Comunidades en las que se celebran comicios el próximo 24 de mayo. El documento, que han denominado El programa del cambio, consta de 215 medidas, entre las que destacan, por ejemplo, recuperar o crear nuevos impuestos, quitas a las hipotecas, la paralización de los desahucios o sanciones por la acumulación de más de diez viviendas vacías.

FISCALIDAD Y OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS

   – Recuperación del impuesto sobre el patrimonio allí donde haya sido derogado «de facto», así como la disminución del mínimo exento y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. En concreto, propone reducir el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general.

   – Derogación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.

   – Revisión de «la mayor parte de las deducciones en la cuota autonómica del IRPF que se practican en la actualidad» y que carecen de carácter redistributivo con sentido progresivo.

   – Incremento de la progresividad del tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a los 50.000 euros.

   – Nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica, sobre actividades de alto riesgo ambiental, sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.

   – Creación de una ecotasa que grave los establecimientos turísticos para corregir sus impactos medioambientales, sociales y culturales.

   – Revisar el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

   – Declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking.

VIVIENDA Y SUMINISTROS BÁSICOS

   – Paralización los desahucios «que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica».

   – Implantación de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que contemplará la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado –más conocida como dación en pago–; la posibilidad de ajustar la deuda pendiente al valor actual de la vivienda –mediante una nueva tasación con los precios actuales y no los del tiempo de la burbuja–; y la dación en pago retroactiva, a la que podrán acogerse «todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco».

   – Creación de un Servicio Público del Derecho a la Vivienda para comparecer en los procedimientos judiciales y evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional. «Se instará a la autoridad judicial para que se paralicen los desahucios que no cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos», añaden.

   – Prohibición de contratar desde las Administraciones Públicas con entidades bancarias que ejecuten desahucios.

   – Procedimiento para sancionar económicamente a entidades o personas que posean más de diez viviendas vacías, y no quieran sacarlas al mercado del alquiler. En los casos muy graves, contemplan «la cesión obligatoria temporal de la vivienda para la gestión pública».

   – Suministro de luz, agua y gas garantizado. Impedirán el corte de estos servicios «cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad». También establecerán un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar.

   – Se estudiará la creación, por parte de cada Comunidad Autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública.

   – Desarrollar un «Plan de Garantía de Renta» para mejorar y coordinar las denominadas «Rentas Mínimas de Inserción» que ya existen en muchas Comunidades, y otras medidas similares. Uno de los objetivos será aproximar estas rentas, «de forma gradual y en virtud de las posibilidades», al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual.

   – Desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo, comenzado en el ámbito de la Administración Pública.

   – Creación de la Oficina Pública de Protección frente a la Discriminación, para denunciar situaciones de explotación laboral, acoso y discriminación.

   – Desarrollo de la banca pública en las Comunidades Autónomas.

   – Renegociación de la deuda pública de las Comunidades con el Estado, a través de los tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización.

EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

   – Disminución de alumnado por aula en los centros públicos, estableciendo un máximo de 20 en Infantil, 23 en Primaria, 25 en Secundaria, 30 en Bachillerato, 15 en Formación Profesional Básica y 25 en los ciclos formativos de grado medio y superior.

   – Reducción de las horas lectivas del profesorado

   – Mecanismos de evaluación por parte de la Administración Pública para garantizar que en los centros concertados se brinda «una educación de calidad acorde con los principios constitucionales».

   – Educación infantil universal y gratuita desde los 0 años.

   – Incentivos en la contratación de padres y madres solteros así como mayor flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos más largos que en el caso de las parejas.

   – Garantizarán la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo por el sistema público de salud.

   – Declarar el derecho a una muerte digna.

   – Impulsar la fabricación de medicamentos genéricos que sean beneficiosos para los enfermos con tratamientos muy caros, como la hepatitis C.

   – Reducir el número de cesáreas y los partos inducidos.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

   – Obligación de los cargos electos y de libre designación de realizar una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).

   – Ley de prohibición de las «puertas giratorias» y de regulación de lobbies para regular las «organizaciones de intereses» en cada Comunidad Autónoma y sus relaciones con los altos cargos. «Se hará explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas».

   – Creación de la Oficina Virtual del Funcionariado para que los funcionarios públicos pueda señalar «de forma anónima» los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.

   – Protección laboral a los empleados y empleadas públicos denunciantes o testigos en procesos de corrupción.

   – Evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos para detectar posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores, y abrir procesos de reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho.

   – Reducción drástica de los altos cargos en las comunidades autónomas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

  – «Democratización» de los consejos de radio y televisión públicas a partir de una elección que respete las mayorías y las minorías parlamentarias y en la que participe la sociedad civil a través de un Consejo Ciudadano de participación.