La delegada de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, planteará en el comité ejecutivo de Ifema la propuesta de revisar los pliegos de bases de manera que «no pueda haber lugar a dudas sobre posibles conflictos de intereses entre los miembros de los órganos rectores del consorcio».

   Dancausa hizo el anuncio en la última comisión del ramo, después de que IU pregunta por la advertencia en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2011 del consorcio Ifema.

   La edil de IU Milagros Hernández defendió que puede haber «conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las
decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas».

   Hernández defiende la introducción de «exigencias y cautelas que garanticen que no se van a producir situaciones que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto cargo». «Parto de la idea de que estas cautelas no existen en Ifema», apostilló.

   Dancausa le aclaró a la concejal que las explicaciones se las debía pedir al consorcio y a la Asamblea de Madrid ya que Ifema no se integró en el sector público municipal hasta 2014, de modo que hasta entonces el Ayuntamiento «no tenía competencia directa alguna de control».

   A eso ha apostillado que el informe del Tribunal de Cuentas «no denuncia ninguna irregularidad, simplemente recomienda a Ifema que se plantee el alcance de la incompatibilidad que establecen los pliegos de bases, limitada al director general y alguno de los miembros del equipo de dirección «ya que permite la contratación con empresas de miembros de los órganos rectores, Junta Rectora, Comisión Permanente y Comité Ejecutivo».

   «No obstante, compartimos su interés en que los límites de la contratación estén cada vez más claros», añadió la delegada. Ante esto, Milagros Hernández preguntó si «en algún momento han podido existir situaciones en donde se confunda el interés público y privado».

   «¿Es posible que en algún momento pueda existir un aprovechamiento del cargo para obtener la adjudicación de un contrato?», lanzó después de recordar el caso del contrato realizado en 2011 de explotación de los servicios de restauración y hostelería adjudicado al Grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, quien entonces era vocal del comité ejecutivo del Ifema.

   Este contrato se rescindió el 31 de diciembre de 2013 pero «dejó una deuda con la empresa de 1,27 millones de euros», criticó Hernández, que añadió que ante casos como ese, las actuaciones administrativas realizadas por Ifena, tanto en la adjudicación del servicio como en el cobro de las deudas, «no parece están amparadas en
la defensa de los intereses públicos o privados».

   Lo que busca IU, como explicó la concejal en su propuesta, es modificar los estatutos de Ifema «introduciendo un articulado que garantice que ningún alto cargo de este organismo aproveche su condición para hacer negocios».